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Soberanía frente la sostenibilidad: Desarrollo ambiental en Latinoamérica.

La importancia medioambiental estratégica de la Amazonia, incluida su biodiversidad, sus recursos naturales y su impacto en las emisiones globales de carbono, convierte a América Latina en un importante foco de atención para las iniciativas relacionadas con el cambio climático durante la próxima década enfocadas a los ODS (17 Objetivos del Desarrollo Sostenible), ya que la región y sus gobiernos se enfrentan a una mayor presión por parte de Estados Unidos, los gobiernos europeos, las instituciones financieras y las ONG relacionadas con el medio ambiente para que tomen medidas para preservar la vida de ecosistemas verdes en especial el de la selva amazónica.

América Latina tiene también una larga historia de conflictos sociales impulsados por la oposición de las comunidades locales a los proyectos, especialmente en el sector extractivo. Con la tendencia mundial que está surgiendo hacia una normativa más estricta en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), las ONG y los medios de comunicación social están ofreciendo a las comunidades locales nuevas vías para dar a conocer sus preocupaciones a un público internacional amplio y receptivo. Esta situación aumentará los requisitos de cumplimiento de la normativa en la región en los próximos años, así como los riesgos de reputación y de retraso o cancelación de los proyectos a los que se oponen las comunidades indígenas o agrícolas locales.

Problemas de deforestación en el Amazonas

A medida que aumenta la preocupación de la opinión pública de EE.UU. y de la UE por los problemas medioambientales y el cambio climático y se generaliza la regulación de las normas medioambientales, los líderes políticos también se están convirtiendo en partidarios de políticas respetuosas con el medio ambiente, buscando demostrar sus credenciales ecológicas o cumplir sus promesas de campaña. En consecuencia, parece muy probable que aumente la presión sobre América Latina por parte de los gobiernos europeos y de la administración estadounidense.

Mientras hacía campaña para la presidencia, el actual presidente estadounidense Joe Biden, declaró durante un debate el 29 de septiembre de 2020, que ofrecería a Brasil 20.000 millones de dólares para detener la deforestación de la selva amazónica y advirtió que, si la deforestación continuaba, Estados Unidos impondría sanciones económicas a Brasil. El presidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó la oferta, argumentando que la declaración de Biden demostraba un desprecio por la soberanía brasileña. La afirmación de que las regulaciones medioambientales de Brasil son una cuestión de soberanía (Bolsonaro argumenta que sus políticas están dirigidas a generar empleo y desarrollo económico) y que, por lo tanto, no deberían estar sujetas a la participación o presión extranjera, pone de manifiesto el conflicto al que las empresas que operan en la región tienen cada vez más probabilidades de enfrentarse.

Cumplir con las regulaciones ambientales de un país local resultará cada vez más inadecuado para que las empresas satisfagan a los grupos de presión, obligándolas a demostrar e implementar sus propias políticas de ASG que hacen referencia a cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, incluyendo compromisos para demostrar cadenas de suministro sostenibles y libres de deforestación. Las ONG centradas en cuestiones medioambientales y en el cambio climático también son cada vez más prolíficas y, mediante el uso de las redes sociales, están presionando cada vez más a las empresas para que demuestren prácticas respetuosas con la ASG.

Conflictos sociales y consulta previa.

La oposición de las comunidades a los proyectos de minería, infraestructuras y petróleo está muy extendida en toda América Latina, especialmente en Perú, Colombia, Chile y México. La distribución/contaminación del agua suele ser la principal fuente de conflicto, junto con las quejas por la supuesta falta de compensación y consulta previa a la población local. Los proyectos de la región ya se enfrentan a un mayor escrutinio sobre el diseño y la realización de estudios de impacto ambiental y social, a retrasos y riesgos de cancelación como resultado de protestas violentas o acciones legales, así como a crecientes riesgos de reputación relacionados con la comunidad o el activismo relacionado con el medio ambiente.

Figura1: Conflictos socioambientales activos en Perú feb 2021

América Latina, transición energética y emisiones relacionadas con ESG.

Los países latinoamericanos productores de petróleo, como Ecuador, México, Venezuela (a pesar de las sanciones) y Colombia, siguen dependiendo de las exportaciones de petróleo para generar ingresos en divisas y financiar la recuperación tras la pandemia. Por lo tanto, las perspectivas de desarrollo económico durante la próxima década se verán afectadas a medida que las economías desarrolladas intenten priorizar la transición energética mediante la planificación para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente si los países productores de energía no logran diversificar sus economías mediante la promoción de otros sectores generadores de divisas. Sin embargo, en otros casos, un número cada vez mayor de países, en particular Chile, están tratando de aprovechar el creciente interés de los inversores en los ASG mediante la emisión de bonos vinculados a los resultados de los ASG o iniciando acciones concretas hacia la transición energética. El país también se ha fijado el objetivo de producir el hidrógeno verde más barato del mundo para 2030 y de estar entre los tres mayores exportadores de hidrógeno del mundo para 2040.

Figura 2: Productos extractivos y agroindustriales como porcentaje de las exportaciones totales en américa central y del sur 2021

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