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El Salvador se convierte en el primer país que aprueba la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal.

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha reconocido la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal en el país, la primera en el mundo, después de que una votación en su Congreso aprobara el 8 de junio un proyecto de ley con el apoyo de 62 de los 84 diputados. La medida ha suscitado un gran interés en otras partes de América Latina, pero es probable que desencadene una fuerte preocupación internacional por la adopción de una criptodivisa no regulada y sin controles contra el blanqueo de capitales (ALD), con la posibilidad de que El Salvador se enfrente a sanciones de Estados Unidos y otros países si sigue adelante con el uso de Bitcoin como está previsto.

La Ley Bitcoin deja los detalles abiertos a la interpretación del gobierno.

La ley establece que el Bitcoin se convertirá en una moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense en El Salvador que las entidades deberán aceptar como medio de pago de bienes y servicios. Sólo quedan exentos de su uso aquellos que no tengan acceso a las tecnologías necesarias para procesar las transacciones, lo que propone el gobierno es subsanar con el tiempo mediante programas de formación, aunque no se establece en la ley quiénes están incluidos en esta definición. El proyecto de ley permite que todas las obligaciones existentes contratadas previamente en dólares se paguen en Bitcoin en adelante, tras un periodo de 90 días, y establece que el Estado del salvador aceptará el pago de impuestos en la criptodivisa. IHS Markit indican que la falta de detalles de la ley crea un espacio para la interpretación del gobierno sobre su uso, incluyendo el permiso para que el gobierno pague los salarios del sector público y los proveedores con Bitcoins, con esto potencialmente extendiéndose a las obligaciones de pago de las letras del tesoro y los certificados (LETES, CETES).

El dólar estadounidense seguirá siendo la moneda de referencia a efectos contables en la economía dolarizada, con un tipo de cambio variable entre el dólar y el Bitcoin que será fijado por el mercado. Las transacciones de conversión de Bitcoin a USD serán gestionadas por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). No hay indicadores actuales de que El Salvador planee abandonar su uso actual del USD como su principal moneda nacional, y evaluamos que es poco probable que esto cambie en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo necesario para implementar la nueva medida y obtener la tracción popular de Bitcoin, medida por el número y el tamaño de las transacciones.

La aprobación de la ley amenaza con empeorar la situación fiscal de El Salvador y provocar sanciones de Estados Unidos y otros países.

Las tensas finanzas públicas de El Salvador son un riesgo clave, con un ratio de deuda sobre el PIB superior al 90% en 2021 que requiere financiación multilateral. El país se encuentra actualmente en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación de un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) de 1.300 millones de dólares. La aprobación de la Ley del Bitcoin, ya comprometida por los problemas políticos actuales, probablemente ralentizará aún más las negociaciones con el FMI. Antes de su reunión de emergencia con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el FMI advirtió el 10 de junio que la medida presenta importantes problemas macroeconómicos, financieros y legales: una crítica tan abierta sugiere que es menos probable que ofrezca apoyo mientras el proyecto de ley siga vigente.

El enfoque de El Salvador hacia las transacciones de criptodivisas también es contrario a las directrices recientemente anunciadas por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), que buscan aplicar los máximos cargos de capital posibles a las exposiciones bancarias globales a las criptodivisas no reguladas. También es contraria a la postura del Consejo de Estabilidad Financiera y otros importantes reguladores nacionales a nivel mundial que promueven el uso de criptodivisas sólo dentro de marcos regulados y vinculados a monedas reguladas, al tiempo que advierten de los riesgos de robo y lavado de dinero relacionados con instrumentos no regulados como el Bitcoin.

Aunque la ley entre en vigor en septiembre, es probable que la adopción nacional de Bitcoin sea lenta debido a la falta de infraestructura tecnológica y de capacidad reguladora.

Según la ley, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tienen 90 días (hasta el 8 de septiembre) para elaborar la normativa pertinente. Una de las principales preocupaciones de un sistema de dos monedas será la fluctuación de los tipos de cambio entre las dos monedas, y su impacto en los riesgos cambiarios directos e indirectos dentro del sistema financiero de El Salvador. La opción menos arriesgada, pero más onerosa, sería exigir a los bancos de El Salvador que mantuvieran reservas de capital indexadas a Bitcoin iguales o superiores al valor de su exposición a activos denominados en Bitcoin, de acuerdo con el tratamiento de capital propuesto por el BPI para las exposiciones bancarias a mecanismos no regulados. Una postura reguladora de alto riesgo que establezca reservas indexadas a Bitcoin por debajo de la norma internacional propuesta aumentaría la exposición directa del sector financiero a la alta volatilidad de Bitcoin, con el riesgo de que si su valor disminuye, los activos no compensados valdrían menos que los pasivos, amenazando la solvencia del sector financiero. Si las regulaciones se desarrollan en un cronograma simplificado, como parece probable, esto aumentaría la probabilidad de lagunas y vacíos regulatorios, exacerbando los riesgos macroeconómicos y delictivos asociados. El Salvador también carece de los recursos humanos nacionales y la experiencia técnica necesaria para implementar este proyecto que sienta precedente.

La adopción de Bitcoin aumenta los riesgos de ALD y corrupción, incrementando los costes de seguridad para las empresas.

Es probable que las organizaciones criminales transnacionales se beneficien del debilitamiento de la supervisión de las transacciones financieras para mover y convertir divisas a través de El Salvador, ya que los cárteles mexicanos y los narcotraficantes colombianos se encuentran entre los más de 300 grupos criminales que, según informaron las agencias de aplicación de la ley estadounidenses y europeas en junio de 2021, utilizan criptomonedas. El ex presidente del BCR salvadoreño, Oscar Cabrera, advirtió el 9 de junio que la adopción de Bitcoin ha aumentado el atractivo del país como paraíso fiscal, en particular porque el artículo 5 exime a Bitcoin de los impuestos sobre las ganancias de capital y las comisiones de cambio, arriesgando la introducción de El Salvador en la lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas.

La dificultad de la trazabilidad de Bitcoin también aumenta el riesgo de una mayor corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Los costes relacionados con las empresas para adaptarse al nuevo entorno operativo de El Salvador incluyen mejoras de seguridad en la infraestructura informática y la posible necesidad de que las empresas desarrollen e implementen transacciones ALD que cumplan con los requisitos internacionales (mecanismos de supervisión y notificación en la medida en que las capacidades de supervisión del gobierno nacional no alcancen los requisitos internacionales).

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